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No desvirtuemos la justicia

Una de las principales necesidades del país es contar con un sistema de administración de justicia que funcione de manera óptima, con independencia, imparcialidad, honestidad y celeridad. Para el común de la gente, aún estamos muy distantes de lograr ese objetivo y no hay indicios de mejoras radicales a corto plazo. Sin tocar los problemas de organización interna y carencia de presupuesto, entre otros males que aquejan al Poder Judicial, considero que también juega en contra la actitud de algunos sectores que pretenden utilizar a la administración de justicia como una herramienta de presión o venganza política.

Me explico: Son muy frecuentes los casos en que bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, rivales políticos de autoridades en ejercicio, formulan denuncias sin fundamento y sólo con el afán de desacreditarlos ante la opinión pública. Otros lo hacen para evitar ser sancionados ante flagrantes faltas. Por ejemplo, vemos casos absurdos de alcaldes denunciados penalmente porque personal municipal impone una papeleta de tránsito o  decomisa triciclos usados para arrojar desmonte en lugares prohibidos. Cualquier estudiante de derecho sabe que la responsabilidad penal es personalísima y en la gran mayoría de los casos no alcanza al titular del pliego, pero igual hay que acudir a la policía, fiscalía y juzgado, porque de hecho un proceso es mucho más interesante cuando está en juego la cabeza de la autoridad.

En casos más delicados, como denuncias por lavado de activos y crimen organizado, los mandatos de prisión preventiva son las principales amenazas que hoy se ciernen contra autoridades, ex presidentes e incluso candidatos a la presidencia de la república. Pareciera que la independencia de algunos jueces ha cedido ante el poder de la prensa y  se dictan detenciones al gusto de la audiencia, a tal punto que el propio presidente del Poder Judicial ha reconocido públicamente la existencia de jueces “carceleros” y “garantistas”.

Por otro lado, la frase “organización criminal” se usa con una facilidad increíble, corriendo el riesgo de desnaturalizar su real sentido. El despropósito llega, por ejemplo, al extremo de denunciar penalmente a un grupo de profesores huelguistas (con quienes podemos estar en total desacuerdo) acusándolos de conformar una organización criminal dedicada a la extorsión. Cabe entonces expresar una sincera preocupación. No desvirtuemos la justicia, es uno de los valores más preciados para la sociedad.


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